Hoy los ojos de España y Europa estarán en Cataluña. Lamentablemente, no sólo los ojos se posarán sobre ella. Probablemente lo hagan también los cuerpos de seguridad del Estado que durante las últimas semanas han protagonizado una lamentable escalada de represión en que ha incurrido el gobierno del Partido Popular. Si de algo se puede responsabilizar al PP y a Mariano Rajoy es justamente de haber puesto en práctica todas las medidas para avivar un conflicto en el que hacía falta –y hace- política y diálogo. La lección, sin embargo, no quieren aprenderla. En medio del llamado “choque de trenes” están millones de catalanes y catalanas, pero también de ciudadanos españoles que no están dispuestos a tolerar con ninguna excusa esgrimida desde el gobierno, que se recorten las libertades y los derechos que definen, justamente, a Europa.

‘Anubis’ es el dios de la muerte del antiguo Egipto. Este fue el nombre escogido por el Partido Popular para llamar la macro-operación que la semana pasada detuvo a catorce altos cargos de la Generalitat catalana y realizó 41 registros en Barcelona. ¿La razón? Urnas. La intención de la operación fue frustrar la convocatoria al “referéndum” del 1 de octubre. 

El referéndum en Cataluña se ha convertido en el monotema español. Es, además, y hay que decirlo, utilizado por el gobierno para cubrir y desviar la atención de los escándalos de corrupción del Partido Popular y que no dejan de salir a la luz con particular fuerza en lo que va de este año. Escándalos que hace pocos meses le costó a Mariano Rajoy enfrentarse a la tercera moción de censura realizada en este país. Mientras la corrupción sigue saliendo a la luz –un nuevo exministro imputado por su vinculación con una trama corrupta, más de 800 imputados entre las filas del PP, resoluciones del TC que ratifican que medidas como la amnistía fiscal fueron anticonstitucionales o el anuncio de que el rescate bancario supone 40 mil millones de euros de la ciudadanía perdidos pese a las promesas del Gobierno de que no costaría un duro a sus ciudadanos- el conflicto catalán sirve para posar los ojos en otro lugar. Y aún así, lo tienen difícil. Si algo queda claro es que el Partido Popular no puede enarbolarse como adalid de la defensa ni de la legalidad ni del respeto a la constitución. 

Por su parte, el mainstream mediático canta a una sola voz. El régimen ha puesto a funcionar todas sus armas, incluidas por supuesto, la mediática para seguir la misma estrategia y reducir el conflicto catalán a un conflicto legal cuando, si algo queda claro es que se trata de un conflicto político. Y la política, guste o no, es mucho más que el procedimentalismo que utilizan como camisa de fuerza (y que impide las posibilidades de diálogo) tertulianos en la tv, columnistas de opinión y representantes del gobierno. Las voces que matizan el conflicto son calificadas de independentistas en un simplismo que resulta tan aterrador como peligroso en un contexto de polarización como el que vivimos y, en medio de este conflicto, millones de catalanes y catalanas siguen sin entender por qué no les dejan decidir libremente sobre el tipo de relación que quieren mantener con España. La mayoría de ellos no quiere independizarse, quiere votar. 

Lo cierto es que este conflicto tiene su punto de origen en un boicot realizado, nuevamente, por el PP. España un país en el que conviven diferentes sentimientos e identidades nacionales que, en territorios como Cataluña, se expresan con un fuerte componente político de reivindicación de la soberanía nacional propia y de oposición a un proyecto de Estado que, consideran, no reconoce los derechos nacionales del pueblo catalán. Decimos por eso que España, la real y no la del papel muchas veces inflexible, es plurinacional. Es por esta característica, que es un valor, que en Cataluña se aprobó por todas las vías necesarias (primero el Parlament, luego refrendado en el Congreso de los Diputados y finalmente refrendado por la ciudadanía catalana en un referéndum) un Estatut. Este Estatut que sirve de referencia a los de otras comunidades autónomas como la Andaluza, fue boicoteado luego de ser aprobado por todas las vías correspondientes por el Partido Popular dando origen al conflicto que vivimos en este momento. Con ese boicot se rompió el pacto constitucional. 

No contentos con ello, no hemos visto otra cosa que una apuesta por el autoritarismo en lugar de la apertura de espacios de diálogo con una comunidad que, legítimamente, pedía que se cumpliera lo pactado y, luego, que los permitieran decidir. El conflicto fue in crescendo y ha llegado a su punto máximo en los últimos años. El 80% de los catalanes quiere votar, el independentismo ha llegado al 40% (se ha duplicado) desde que Mariano Rajoy es presidente de Gobierno. El conflicto, por ello, no puede explicarse en función de lo que ocurre estas semanas pues se trataría de una simplificación irresponsable. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de un proceso de negación por parte del Estado que ha llevado a millones de catalanes a “desconectar” de España. 

Lo cierto es que frente a la idea de una España uninacional e indivisible que recoge la actual Constitución existe una España real que es plurinacional y que no se siente reflejada en esa idea de España que asocia, además, con una visión monárquica, impositiva y conservadora. Frente a esto, lo que corresponde es, sin duda, apostar por el diálogo antes que por la imposición de esa ley que ahora es una excusa para no hacer frente a la realidad. Y, por si fuera poco, esa excusa se les ha ido de las manos. No existe ninguna ley en ningún país que se precie de ser democrático que autorice el ingreso de las fuerzas del orden a los medios de comunicación, autorice a revisar correspondencia privada, o detenga a altos funcionarios cuyo delito ha sido oír lo que el pueblo catalán demanda: votar. En buena cuenta, lo que hay, es un despliegue de fuerzas en contra de algo tan sencillo como las urnas. 

Llegamos a este 1º de octubre de manera convulsionada y tensa y esto es ya una derrota del Gobierno incapaz de hacer frente tanto a un conflicto que ha originado y hecho crecer con sus políticas represivas, como a la España que simplemente son incapaces de entender y, por tanto, de representar y gobernar. Frente a este desafío lo que toca es abrir espacios de diálogo donde el referéndum esté sobre la mesa pues el conflicto catalán no acaba el 1 de octubre, sino que inicia un nuevo momento. Tarde o temprano el referéndum que tanto quieren evitar se llevará a cabo. Para ello, lo mejor, es apostar por uno que sea pactado con el Estado y que garantice así que la voz de los catalanes sea escuchada y concretada. La política “anubis” del Partido Popular, que antes que un nombre ha sido toda una declaración de intenciones, ha tocado fondo para desgracia no sólo de Cataluña, sino de toda España.